Tras contactos con Síndic de Greuges, acerca de los obstáculos que se han puesto por parte de la Policía, para que las personas sin hogar puedan recibir alimentos, a través de algunas rutas de calle que entidades sociales de Alicante, realizan desde hace años, se ha comenzado de oficio, la investigación.
El pasado día 9 de junio, se publica en el Diario Información, una noticia explicando la labor altruista que realiza cada semana, la entidad Reacción Solidaria, desde hace 12 años.
Reacción Solidaria no desiste de prestar este servicio a la ciudadanía, a pesar de la multa recibida por una de sus voluntarias (motivada por la actividad desarrollada, de realizar una ruta de calle), a fin de acercar ayuda, escucha… a las personas sin hogar de la ciudad de Alicante.
Desde Reapsha queremos hacernos eco de esta publicación del Colegio de Trabajo Social de Madrid, y solidarizarnos con la preocupación (que queda evidente en esta declaración), que se está teniendo en la ciudad de Madrid, respecto a la atención a las personas sin hogar en general, y las que pernoctan en el aeropuerto en particular.
Señalamos, dentro de este documento elaborado por el COTS Madrid, algunas manifestaciones que exponen:
«Atendiendo a las últimas noticias, recibimos con agrado que, desde un espacio de colaboración interinstitucional -conformado por las administraciones públicas competentes, AENA y las entidades sociales que ya están interviniendo sobre el terreno- se avance hacia la articulación de una respuesta integral que garantice los derechos de atención y protección que merecen estas personas. Actuación que debe regirse por un enfoque de derechos humanos, y no por una lógica meramente asistencial o de control«
«Urge implementar medidas que garanticen la dignidad de las personas, asegurando condiciones de habitabilidad, intimidad, higiene y atención social o sanitaria, alejadas de entornos que perpetúan situaciones de exclusión y generan constantes riesgos de cronificación del sinhogarismo».
«El uso de este espacio como lugar de pernocta es fruto de la ausencia de alternativas habitacionales y residenciales estables, seguras, diversificadas y accesibles, junto con la intersección de otros muchos factores».
«Como colectivo profesional, y como ciudadanía, debemos exigir que nuestras instituciones garanticen los derechos básicos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad».
